NOTA DE PRENSA: Consejo de Ministros

El Gobierno adapta los derechos de autor a la nueva realidad tecnológica

-Aprobado el proyecto de ley que transpone la Directiva de la Sociedad de la Información al ordenamiento español.
-La nueva regulación supondrá dotar al sistema de un marco equilibrado y de un régimen en beneficio de todos los agentes afectados.
-La Ley establece un procedimiento flexible, transparente y ágil para el establecimiento de la compensación por copia privada en el ámbito digital

22-Julio-2005
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de los Ministerios de Cultura y de Industria, Comercio y Turismo, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Con ello se adecua el sistema de propiedad intelectual español a la realidad tecnológica y a la sociedad de la información, así como su homogeneización con el resto de Europa.
El Proyecto de Ley, que se remite a las Cortes, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/29/CE, conocida como Directiva de la Sociedad de la Información, que tenía que haber sido incorporada al Derecho nacional antes del 22 de diciembre de 2002. La demora ha supuesto a España una condena del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el pasado 28 de abril.
La nueva regulación establece un marco equilibrado que constituye un régimen en beneficio de todos los agentes afectados. Por un lado, adecua el sistema de derechos de los autores y demás titulares de derechos (artistas, productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales y entidades de radiodifusión) así como sus límites; Por
otro, protege las medidas tecnológicas utilizadas por los titulares de los derechos para salvaguardar sus obras de usos no autorizados.

AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL AUTOR
El Proyecto de Ley introduce como novedad el derecho de puesta a disposición interactiva. Con él se regula expresamente que el uso y explotación de obras en Internet con la autorización de los autores o de los titulares de los derechos. Asimismo, la norma establece que los derechos morales de los artistas no prescriben.
A los derechos de la propiedad intelectual se imponen unos límites que afectan a reproducción, distribución y comunicación pública y que pretenden conjugar los legítimos intereses de los creadores con aquellos de los ciudadanos a la investigación, la enseñanza o la información. Entre otros se establecen los siguientes casos en los que se pueden utilizar obras o prestaciones sin necesidad de contar con el consentimiento de los autores de las mismas o de los titulares de los derechos:
• Bibliotecas y establecimientos análogos podrán poner a disposición de los investigadores obras que formen parte de sus fondos siempre que la difusión se realice a través de terminales de consulta especializados y conectados a una red cerrada e interna.
• Profesores de enseñanza reglada podrán utilizar la obras, siempre que este uso se haga para la ilustración de actividades educativas. Quedan excluidos del ámbito de este límite los libros de texto y los manuales universitarios, para cuya explotación será necesario contar con la correspondiente autorización.
• La utilización de obras por personas discapacitadas, hasta ahora sólo posible para reproducción en lenguaje braille, se extiende a todas las discapacidades y a otras utilizaciones.
• La utilización de obras y prestaciones en procesos judiciales se ha ampliado a trámites parlamentarios y procesos relacionados con la seguridad.
• Será lícita la cita de obras ajenas ya divulgadas, de naturaleza escrita o audiovisual, con fines docentes o de investigación. Las reseñas o revistas de prensa tendrán consideración de citas, pero no aquellas recopilaciones de artículos periodísticos que consistan en una mera reproducción con fines comerciales, lo que requerirá autorización del titular de derecho.

RÉGIMEN DE COPIA PRIVADA
Otra de las novedades más importantes es la nueva regulación del régimen de copia privada, que responde a la necesidad de armonizar los derechos de los autores y los de fabricantes, importadores y distribuidores de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por la reproducción.
El proyecto legislativo establece diferencias entre el entorno analógico, cuya regulación se mantiene sin variación, y el digital, que se regula expresamente por primera vez.
La nueva Ley establece un régimen flexible, transparente y ágil para el establecimiento de la compensación por copia privada en el ámbito digital.
El texto legal prevé que, en un plazo de cinco meses a partir de su aprobación, los sectores implicados acuerden una relación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de compensación a los titulares de los derechos, así como la cuantía que deberán pagar. El acuerdo será propuesto a los Ministerios de Cultura e
Industria, Comercio y Turismo que decidirá, previa consulta al Consejo General de Consumidores y Usuarios.
El mismo proceso se reabrirá cada dos años con el objetivo de adecuar los cánones a la evolución de las tecnologías.
En cualquier caso, el Proyecto aprobado por el Consejo de Ministros excluye expresamente de este listado los discos duros de ordenador y las conexiones ADSL, y todos los sistemas de almacenamiento que no se usen preferentemente para copias, garantizando de este modo un entorno seguro al despliegue de estos elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad de la información.

PROTECCIÓN DE TECNOLOGÍAS ANTICOPIA
Las medidas tecnológicas constituyen una herramienta para asegurar la protección de las obras y prestaciones en el contexto de la sociedad de la información y para evitar copias no autorizadas. El Proyecto, en línea con la política del Gobierno de lucha contra la piratería, considera infracciones contra los derechos de autor las actividades que sirvan para eludir las medidas tecnológicas con que los titulares de derechos hayan protegido sus obras. Además, concede la misma categoría de infracción contra los derechos de autor la promoción y publicidad de dispositivos destinados a eludir estas medidas de protección.
No obstante, el Proyecto establece mecanismos para que estas medidas de protección sean levantadas en los casos en que las mismas impidan el disfrute de algunos de los límites establecidos por la Ley para los derechos de autor.

Fuente: http://www.mcu.es
http://www.mcu.es/gabipren/notas/2005/julio/cul_22_derechosautor.pdf

A propuesta del ministro José Montilla Manuel Castells presidirá una Comisión Asesora para impulsar la sociedad de la información y la comunicación
El Plan Avanz@, que será presentado en otoño, contiene medidas para recuperar terreno en el ámbito de la sociedad de la información con respecto a Europa, y la comisión realizará intervenciones concretas El Plan Avanz@ empezará a aplicarse en 2006 y contiene actuaciones con calendario y dotación presupuestaria con el objetivo de impulsar la sociedad de la información en España

20 de julio de 2005.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, se reunió ayer tarde con el profesor Manuel Castells, miembro del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

En la reunión analizaron la actual situación de la sociedad de la información en España al hilo del informe del profesor Emilio Ontiveros y y del Plan Avanz@, que contiene las medidas que el Gobierno tiene previsto aplicar para recuperar terreno en el ámbito de la sociedad de la información con respecto a Europa.

Este Plan que será presentado en otoño de este año para empezar a aplicarse en 2006 contiene actuaciones concretas con un calendario preciso y con dotación presupuestaria con el objetivo de impulsar la sociedad de la información en España.

El ministro propuso al profesor Castells que constituya un grupo de reflexión que proponga estrategias que vayan más allá del Plan Avanz@ para establecer criterios de futuro que hagan posible no sólo la convergencia con Europa sino convertir a España en un punto de referencia sobre la sociedad de la información. Este grupo de trabajo se constituirá en Comisión Asesora para impulsar la sociedad de la información y la comunicación que tendrá como objetivo presentar al ministro intervenciones concretas que apoyen el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación en España.

En la reunión se ha cerrado la composición de este grupo de trabajo que se constituiría como Comisión Asesora del ministro de Industria, Turismo y Comercio. Además del profesor Manuel Castells compondrán la Comisión Asesora:

-Jesús Banegas, presidente de AETIC,
-Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense,
-Manuel Campo Vidal, miembro del Consejo Asesor del CATSI y consejero delegado de la productora Lua Multimedia
-Javier Nadal, director general de la Fundación Telefónica y director de Relaciones Institucionales de Telefónica
-Vicenç Partal, director de Vilaweb
-José María Bueno Lidón, presidente de la Caja de Ahorros El Monte
-Amparo Moraleda, presidenta de IBM España y Portugal
-Emilio Ontiveros, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales y presidente de la ponencia del CATSI que ha servido de base para elaborar el Plan Avanz@

Una vez finalizada la reunión, el ministro y Manuel Castells han acordado que esta Comisión Asesora para impulsar la sociedad de la información y de la comunicación se constituirá formalmente en el próximo mes de septiembre.

Fuente: AEC
20 de julio de 2005.

COLABORA

La batalla contra el terrorismo internacional se libra, según los expertos, en el campo de la información. Los Gobiernos de la UE negocian reformas legales para manejar datos privados en las investigaciones relacionadas con la amenaza terrorista. En España, el Ejecutivo se ha comprometido a exigir por ley a las compañías telefónicas que almacenen durante un mínimo de un año los datos de tránsito (llamadas efectuadas y lugares desde las que se hicieron esas comunicaciones) que figuran actualmente en las facturas. Además, el Gobierno estudia desde hace un año otras modificaciones legales que han abierto un debate sobre la posible vulneración de derechos fundamentales.

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - EL PAÍS - España - 17-07-2005

Los datos del tránsito de las comunicaciones efectuadas por los terroristas del 11-M fueron cruciales para que la investigación policial del atentado pudiera aclarar lo ocurrido. Gracias a esos datos se han conocido los movimientos de los autores en las semanas previas a que perpetraran el peor atentado que ha sufrido España en toda su historia.

Ahora, el Gobierno español quiere impulsar modificaciones legales para obligar a las compañías telefónicas a guardar esa información (localización y llamadas realizadas desde un móvil) durante un mínimo de 12 meses. Para ello, deberán reformar la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, que ya establece que las compañías telefónicas "deberán" almacenar esos datos en sus archivos por un tiempo "máximo" de 12 meses.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, aclaró el pasado miércoles en Bruselas durante la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario convocado por iniciativa del Reino Unido tras los atentados del 7-J en Londres, que no se trataba de que las compañías almacenaran el contenido de las comunicaciones, sino los datos de tránsito (fecha y hora de realización de las llamadas y destinatario) que aparecen habitualmente en las facturas.

La policía ha traslado al ministro del Interior en reiteradas ocasiones la necesidad de acometer otras reformas legales para combatir el terrorismo. Los investigadores del 11-M mostraron su preocupación al no contar con instrumentos legales que obliguen a identificarse a los propietarios de teléfonos móviles que utilizan tarjetas prepago compradas en cualquier establecimiento sin necesidad de firmar ningún contrato.

En España hay, según las compañías telefónicas, cerca de 24 millones de los 39 millones de usuarios de teléfonos móviles que utilizan tarjetas prepago. De esos 24 millones, las compañías tienen localizados (por distintas promociones comerciales en las que los cliente han dado sus nombres) poco más del 30%. Por tanto, quedan otros 16 millones de usuarios de teléfonos móviles inidentificables. La complejidad legal de poder identificar a esos 14 millones de propietarios de teléfonos móviles es inmensa. Sólo hay un país en Europa, Suiza, que ha acometido una reforma legal para obligar a identificar a todos los compradores de teléfonos móviles con tarjeta prepago.

En octubre vence el plazo para desconectar todos los teléfonos no identificados. El Gobierno español estudia una modificación legal para hacer posible la reclamación de la policía, pero el ministro del Interior pretende impulsar antes en la UE un acuerdo parecido al alcanzado el pasado 13 de julio para que la medida pueda ser realmente efectiva en toda Europa.

Los terroristas del 11-M se encontraban entre esos usuarios que utilizaban teléfonos móviles con tarjeta prepago. La investigación policial permitió conocer dónde habían comprado los teléfonos y las tarjetas prepago, y pudieron hacer un seguimiento, previa autorización judicial y la colaboración de las compañías telefónicas, del tránsito de las llamadas efectuadas con esos aparatos, pero no pudieron conocer quiénes eran sus propietarios.

Respecto a la interceptación de llamadas previa autorización judicial, España tiene desde el 15 de abril pasado un Reglamento de la Ley General de las Telecomunicaciones que desarrolla en su capítulo II las condiciones en qué deben hacerse los pinchazos. Este reglamento obliga a todas las compañías operadoras a disponer de "equipos configurados de forma que puedan facilitar el acceso de los agentes facultados a todas las comunicaciones transmitidas, generadas para su transmisión o recibidas por el sujeto de una interceptación legal y los datos e tráfico asociados a dicha comunicación".

El tipo de comunicación que puede ser interceptada, según este reglamento, será "para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía, de transmisión de datos, se trate de comunicaciones de video, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de la transmisión de facsímil". Respecto a la información que las compañías deben facilitar al agente facultado por el juez a la interceptación destacan los siguientes:

- Identidad del sujeto objeto de la interceptación (etiqueta técnica: número de teléfono), e identidad de la persona física o jurídica.

- Identidad de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.

- Dirección de la comunicación.

- Información de localización.

- Número de cuenta asignada por el proveedor de Internet.

- Dirección de correo electrónico.

- En caso de servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada.

El reglamento también intenta garantizar a través del artículo 93 la confidencialidad de esta interceptación: "Será de circulación restringida a las personas autorizadas".

CONTROL FRENTE A INTIMIDAD

Siete expertos analizan el acuerdo europeo que obligará a las operadoras a guardar los datos de todas las comunicaciones

CHARO NOGUEIRA - Madrid- EL PAÍS - España - 17-07-2005

La polémica está servida. Como arma contra el terrorismo, los ministros del Interior de la Unión Europea han acordado aprobar, en octubre, una norma comunitaria que obligue a las operadoras telefónicas y a los servidores de Internet a almacenar los datos (no los contenidos) de todas las comunicaciones telefónicas y electrónicas durante un año de media. Algunos expertos muestran recelos o cautelas ante esta iniciativa que va en la línea de la vigente Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Temen que se pueda abrir la puerta a la vulneración de derechos fundamentales. Frente a ello, las palabras tranquilizadoras del ministro del Interior, José Antonio Alonso. En el trasfondo, el viejo debate entre libertad y seguridad.

JOSÉ ANTONIO ALONSO Ministro del Interior

Según el titular de Interior, José Antonio Alonso, la medida es "necesaria y perfectamente compatible con el sistema constitucional de garantías". Se trata de una herramienta útil para luchar contra el terrorismo, tal como se demostró en el 11-M, afirmó el pasado jueves. Tras detallar que el deseado control europeo se referirá a datos como el número de teléfono, la identidad de su titular y la fecha y hora de las llamadas, pero no al contenido de las comunicaciones, puntualizó: "Las libertades individuales y la seguridad no son valores incompatibles, sino complementarios".

JOSÉ LUIS PIÑAR Director de la Agencia de Protección de Datos

"Cualquier medida para incrementar la seguridad debe hacerse con respeto absoluto a los derechos fundamentales, entre los que figura el derecho a la protección de datos. Cualquier límite tiene que hacerse en el marco del Estado de derecho", afirma José Luis Piñar, director de la Agencia de Protección de Datos, de ámbito estatal. "A nivel general, la legislación española ya ha previsto el aspecto fundamental de la propuesta europea, la retención de los datos por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, si se elabora una nueva propuesta más detallada, puede ser necesario adecuar nuestra legislación", añade Piñar.

A juicio de este responsable de velar por la protección de los datos personales de los ciudadanos, "en principio, la iniciativa de la UE de almacenar los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas puede encajar en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Sin embargo, en España no se ha regulado el periodo mínimo de retención de los datos [sí se ha establecido un máximo, de 12 meses]". "Por ello, si prospera ese proyecto de ámbito europeo, las agencias de protección de datos de los 25 países miembros, reunidas en el Grupo del artículo 29, tendrían que pronunciarse sobre ello."

MARC CARRILLO Catedrático de Derecho Constitucional

"Una decisión de ámbito europeo de estas dimensiones, que supone controlar las comunicaciones por correo electrónico y teléfono móvil, planteada como medida de aplicación general para todos los ciudadanos, suscita problemas. De acuerdo con la Constitución y legislación española, este tipo de medidas restrictivas o de control han de ser aplicadas a personas determinadas. Lo mismo ocurre en general en la legislación nacional de los Estados miembros. En consecuencia, una medida así de carácter general e indiscriminado supone una limitación de los derechos fundamentales a causa del descontrol a que puede dar lugar, porque no hace distinción por razón de la actividad del ciudadano", plantea el catedrático Marc Carrillo.

"El derecho al secreto de las comunicaciones es el primero que, eventualmente, puede quedar lesionado, con independencia del contenido de las mismas, porque este derecho significa la garantía del ciudadano a que sus comunicaciones no se vean interceptadas. Es evidente que en función del contenido, también en algunos casos queda afectado el derecho a la intimidad", añade.

"La lucha contra el terrorismo exige medidas excepcionales, pero deben aplicarse de forma específica, o sea a personas concretas previa investigación policial y con control judicial. Una aplicación general e indiscriminada puede dar como resultado que se ignoren derechos fundamentales como son la inviolabilidad de las comunicaciones y, en su caso, del derecho a la intimidad. En conclusión, esto reduciría las garantías establecidas por la Constitución española", concluye.

ANTONIO TRONCOSO Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

"La cuestión de fondo es la preocupación porque una retención excesiva de datos de tráfico pueda vulnerar la intimidad personal al permitir obtener perfiles individuales y de ubicación geográfica", afirma Antonio Troncoso, director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid y profesor titular de Derecho Constitucional.

"Hay que buscar posiciones moderadas que permitan un equilibrio entre el derecho fundamental a la protección de datos personales y otros derechos fundamentales como la libertad personal o la vida, que también son objeto de una preocupación social y exigen una actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo adecuado en este caso es alcanzar una respuesta equilibrada y un consenso sobre el tiempo de retención -tal vez no de tres años pero sí entre seis meses y un año- y también acerca de las condiciones exigibles, buscando siempre la vigencia del principio de proporcionalidad y las garantías necesarias"

"El derecho fundamental a la protección de datos personales no es un derecho absoluto sino que está sometido a límites, especialmente en lo relativo al tratamiento de la información por parte de las Administraciones Públicas. Es contradictorio exigir al Estado que nos preste servicios y nos garantice cada vez más nuestra libertad y al mismo tiempo negarnos a que éste maneje nuestra información personal", concluye el responsable de la agencia madrileña.

PABLO LUCAS MURILLO. Magistrado del Supremo y catedrático de Derecho Constitucional

"Faltan datos para tener una idea clara de lo que se pretende hacer a nivel europeo", afirma Pablo Lucas Murillo. "Este debate ya está abierto en España con la aprobación de la LSSI, que va en esa dirección. Se trata de una materia delicada, porque están en juego derechos fundamentales como son el secreto de las comunicaciones y la protección de datos".

JOSÉ LUIS MAZÓN Abogado especializado en los derechos fundamentales

"Lo que pretende la UE tiene que respetar la exigente jurisprudencia de derechos humanos del Tribunal de Estrasburgo. Todos los Estados de la UE están sometidos a su jurisdicción porque han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos que aplica este tribunal. El tribunal exige que toda intromisión en la privacidad del ciudadano, y la directiva de retención de datos lo es, conlleve una regulación de rango legal detallada de en qué supuestos puede aplicarse, pues no todos los tipos de delitos justificarían una intromisión en la privacidad. En resumen, se puede hacer lo que la UE propone, pero exige cautelas legales que no aparecen en las reseñas informativas que dan los ministros. Si no respeta las exigencias impuestas por el Tribunal de Estrasburgo, la legislación resultará desautorizada".

VÍCTOR DOMINGO Presidente de la Asociación de Internautas

"Estamos muy preocupados con este asunto. La retención de datos nos parece bien siempre que se controle oportunamente, a través de los jueces. Sin embargo, tememos que la iniciativa europea pueda dejar paso al intento de controlar los contenidos mediante la interceptación de las comunicaciones. Nos preocupa que se puedan llegar a ver los correos electrónicos sin mandamiento judicial", añade. A juicio de Domíngo, "la interceptación tampoco sería útil para la lucha antiterrorista, ya que siempre cabe la posibilidad de encriptar los correos".

La ley ya obliga a almacenar datos

El director de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Piñar, detalla la situación actual en España sobre la retención de datos de las comunicaciones telefónicas y por Internet: "La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) establece en su artículo 12 el deber de retención de datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas por parte de los operadores y prestadores de estos servicios durante un plazo máximo de 12 meses. Los datos retenidos no pueden afectar al secreto de las comunicaciones".

"Se deben almacenar los datos que faciliten la localización de los terminales utilizados e identifiquen el origen y el momento de la comunicación, pero nunca su contenido. Estos datos deben utilizarse sólo en el marco de una investigación criminal o para salvaguardar la seguridad pública o la defensa nacional. Están a disposición de los jueces, tribunales y ministerio fiscal: son los únicos que los pueden requerir", añade.

"El régimen que prevé la LSSI en relación con la policía como posible usuario de esos datos de tráfico de las comunicaciones telefónicas y por Internet es diferente. La policía sí puede acceder a ellos en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que permite el uso, recogida y tratamiento de datos sin consentimiento ni autorización judicial si ello resulta necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. Habría que ver que exista ese peligro real para la seguridad pública de forma que no se realice un tratamiento indiscriminado de los datos retenidos."

Para acceder al contenido de las comunicaciones, la policía precisa autorización judicial en todos los casos, según fuentes de la agencia.

ENLACES RELACIONADOS:

La retención de datos de tráfico prevista en la LSSI no será aplicable. Mientras no se dicte el desarrollo reglamentario a que hace referencia el apartado 4 del artículo 12 de la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, cuya entrada en vigor se producirá el próximo día 12 de octubre, los prestadores de servicios únicamente están habilitados para retener los datos de tráfico que les permite la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal.

La Asociación de Internautas impugna ante el Tribunal Supremo la normativa sobre interceptación de las comunicaciones. El Capítulo II del Título V del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Gobierno el pasado día 15 de abril, que regula “la interceptación legal de las comunicaciones”, ha sido impugnado por la Asociación de Internautas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Fuente: Asociación Internautas
17.07.05

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El dilema. "Defensa contra el terrorismo versus libertad de comunicación e información" se decanta en contra de las libertades individuales. Este es el mayor daño que el terrorismo islámico a infligido a Occidente. Nuestra actitud egoista frente a los menos favorecidos, les empuja a venir a buscar aquello que se les niega en sus regiones, y nuestro sistema de vida se ve seriamente amenazado.

Saludos cordiales.
tip
http://www.infotip.org

9 de Abril de 2005
Alguien voló sobre el nido del cuco

Mucho ruido y pocas nueces. Así podría resumirse el Plan Antipiratería anunciado a bombo y platillo. Aunque el Plan dice "no querer ser un mera declaración de intenciones", es justo lo que es. Las cosas son lo que son y no lo que quieren ser.

Nuestras leyes siguen siendo exactamente las mismas. Eso sí, una de las medidas del plan es que se analice el panorama legislativo para ver si es necesario hacer cambios que doten "a policías y jueces de los instrumentos precisos para combatir estas actividades [de piratería]". Cuando eso llegue habrá que estar atentos para que no se legisle contra la sociedad. Pero nada más. Lo que ayer era legal, lo sigue siendo hoy.

Algunos aspectos a destacar:

- El Plan divide el planeta tierra en productores y consumidores. El hecho de que el texto use las palabras "ciudadano" y "consumidor" como sinónimas, no es una casualidad, sino que asigna una función muy clara a los primeros: "comprar productos". Es difícil reclamar derechos a los que ya te han dado el papel de comprar y callar.

- Se centra fundamentalmente en el Top Manta y se moja entre poco y nada en lo que se refiere a Internet, y, cuando lo hace, no se sabe a qué conductas se refiere. Es cierto que habla de actividades "ilegales" o de copia masiva fuera de los límites legales, pero no sabes a qué ilegalidades se está refiriendo ni en qué leyes se está basando para calificarlas así.

- Una de las acciones que pretende el plan es la de establecer un retrato robot del infractor. Entre las muchas preguntas a las que pretenderán responder los cuestionarios a los que nos someterán para ver donde tenemos el desequilibrio, está la de determinar "por qué se consumen productos ilícitos". Entre las posibilidades menciona el precio y el "desconocimiento o rechazo de las normas de propiedad intelectual". Se le olvidan otras dos posibilidades: el conocimiento de muchos ciudadanos de la Ley de la Propiedad Intelectual y de los derechos que ésta les otorga, y una conciencia social que no rechaza estas prácticas.

- Se habla también de la creación de los ciberpolis para que lleven a cabo sus "funciones represoras" de los delitos de propiedad intelectual.

Sin embargo, los delitos de propiedad intelectual siguen exigiendo ayer lo mismo que hoy: ánimo de lucro. Teddy Bautista dice que debe cambiar la ley para que deje de tener ambigüedades y para excluir algunas interpretaciones que entienden que el intercambio en Internet no es delictivo si no existe ánimo de lucro, pero lo cierto es que el hecho de que no hay delito si no hay ánimo de lucro no es una cuestión de interpretación y no hay ninguna ambigüedad en ese sentido. Que la ley exige este ánimo es indudable para cualquiera que, habiendo superado el MICHO, sepa leer el siguiente párrafo:

"Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

Recordaros que la exigencia del ánimo de lucro continúa intacta y que la "copia privada" sigue estando donde estaba antes.

- Y aquí viene la parte que más me enfada y preocupa: la sensibilización social.

La televisión pública será la encargada de "educarte". La campaña de educación, que es como se prefiere llamar al adoctrinamiento, se realizará desde todos los medios que tengan al alcance. La conciencia de la sociedad está equivocada, y hay que reestructurarla mediante un mejor criterio rector. Los ciudadanos, hijos descarriados del gobierno, recibirán la instrucción que necesitan a través de la televisión pública que debe hacer lo posible por extirpar esas ideas anómalas y generalizadas que nos hacen pensar que tenemos derechos y algo que decir.

No solo la televisión pública tendrá esta función de evangelización, sino que se procurará que la privada también asuma ese papel divino. Dentro de poco la familia Serrano será la encargada de la educación de tus hijos, de tus padres y de la tuya. Con este sistema, que convierte a Goebbels en un principiante, es normal que la autodefensa intelectual de muchos termine cediendo y los ciudadanos acaben defendiendo con uñas y dientes intereses que no son los suyos. Cambiar la conciencia de los ciudadanos para que reclamen leyes que les persigan es la paradoja que se busca lograr.

La lobotomía masiva es el 50% del plan. Tu conciencia no es la adecuada y papá gobierno te ayudará a encontrar el buen camino. Las palabras concienciación, sensibilización y educación son las más repetidas a lo largo del texto. La palabra "adoctrinamiento", sin embargo, no aparece. La educación da libertad de opción. El adoctrinamiento inculca ideas, y es justo eso lo que se procura con el Plan.

El objetivo, dicen, es la "asunción por el conjunto de la sociedad de los valores que encierran las normas de propiedad intelectual". Pero si se lee atentamente el texto, puede verse que no es cierto. El objetivo es que la sociedad asuma que la única forma de ver la propiedad intelectual es la que ellos tienen. Lo que se quiere es que la ciudadanía acepte y se resigne a que "otra propiedad intelectual no es posible". El objetivo es extirpar ideas, reconvertir disidentes y esterilizar cerebros. El objetivo es evitar que alguien vuele sobre el nido del cuco.

Fuente: David Bravo a las 12:35 AM

Asociación de Internautas (AI) - 09.04.05

El Gobierno tiene un plan: criminalizar e intervenir Internet

Un tanto descafeinado en su redacción, ha sido dado a conocer al resto de la sociedad el Plan antipiratería que ha ultimado el Gobierno del PSOE de la mano de las Sociedades de gestión de derechos de autor y de sus entidades afines caracterizadas por sus escaramuzas contra la delincuencia subversora de sus legítimos intereses mercantiles.

Decimos bien: descafeinado, a primera vista, como una cortina de humo, porque las reformas legales pretendidas desde el Ministerio de Cultura y sus nuevos mentores (léase Sgae, Afyve, Egeda, Bsa, Federación Antipiratería…) han sido enmascaradas cuando no silenciadas ante la alarma social que han creado en cuanto han sido filtradas y conocidas.

Es cierto que el Plan antipiratería distingue entre el fenómeno delictivo conocido como piratería del "top-manta" y lo que se empeñan en denominar algunos interesados de forma torticera como "piratería digital": el intercambio de ficheros en Internet, las redes P2P. Lo que silencia el Plan, porque pretende diferirlo a futuras comisiones amañadas, son las reformas legales que pretende acometer, primero vestidas de "concienciación" para las mentes jóvenes fundamentalmente, luego travestidas en "adoctrinamiento" para jueces, fiscales y agentes de la autoridad (algo que, por cierto, viene realizándose desde hace mucho tiempo, incluso con intervenciones periciales tantas veces puestas en entredicho luego por los propios jueces), para terminar, finalmente, en el meollo del Plan: la reforma de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico y la reforma del Código penal.

La reforma de la primera para acometer lo que ya se ha dicho por los portavoces in pectore del actual Gobierno, controlar los contenidos que fluyen por los servidores de Internet de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información intermediarios (proveedores de acceso, alojamiento, transmisión, etcétera), quienes deberán ponerse de acuerdo con los portavoces in pectore del Gobierno o habrá otro canon y otro canon hasta que todo el negocio termine en sus manos. Tan es así, que el Ministro Montilla, ignorado por quienes gobiernan en esta materia, hubo de atreverse a decir -instigado por el sector que debiera liderar- que "no creía necesario un canon para los discos duros y los usuarios del ADSL"; lo que no se atrevió a decir era que no lo creía necesario "de momento".

Y la reforma del Código penal necesaria para terminar de una vez con esas "nimias cuestiones doctrinales" que no permiten castigar penalmente el intercambio de ficheros, todo convenientemente aderezado con una copia privada "llegada desde Europa", que resulta ya prácticamente imposible pero que deberá ser remunerada en todo y por todos. De hecho, incluso la Ministra de Cultura ya ha adelantado que su Plan conlleva una "reforma implícita" del Código penal.

Ese es el escenario previsto desde hace tiempo por los actuales portavoces in pectore del Gobierno y el Plan antipiratería presentado ayer es el primer peldaño.

El segundo peldaño son las numerosas comisiones de análisis y estudio (puede que incluso a estas horas ya haya salido a concurso la redacción de las ponencias y dictámenes, como viene ocurriendo con otros planes). La trampa que establece este concreto Plan es crear comisiones y decir que van a estar representados todos los sectores afectados. De hecho, para el Gobierno la defensa de los derechos de autor, algo que compartimos, es una cuestión de enorme calado que afecta a toda la sociedad, algo que también compartimos, pero si el Gobierno y sus nuevos portavoces in pectore creyeran de verdad en esa participación social en algo que afecta a todos, si creyera en esa interlocución social, no tratarían de crear Comisiones amañadas sin representaciones paritarias de sectores afectados y darían entrada, puesto que el Plan refleja que se trata de un problema de hondo calado social, a los interlocutores sociales, cosa que no han hecho ni piensan hacer porque se temen, y con razón, que muchos de esos interlocutores no van a ser especialmente dóciles ni ayunos de conocimientos como para permitir que se siga criminalizando lo que no es delito, incluso pueden no estar dispuestos a que se siga creando el caldo de cultivo propicio para que se considere punible una conducta que no merece reproche penal como es el intercambio de ficheros.

Afortunadamente, existe un tercer peldaño que deberán abordar los nuevos portavoces in pectore del Gobierno socialista: el Parlamento. Sigue siendo un requisito de los Estados de Derecho y, afortunadamente, pese a los nuevos portavoces in pectore del Gobierno del PSOE, en ese foro los ciudadanos tenemos mucho que decir, aunque formalmente sea cada cuatro años, y existen muchos Grupos parlamentarios dispuestos a escuchar. En ese sentido, de momento, ya tienen una piedra en el camino: la propuesta de ley del Grupo parlamentario popular en el Senado que postula acabar con todas las interpretaciones interesadas del artículo 25 del vigente Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que podrían imponer un canon hasta por silbar "obras protegidas" o por disponer de una máquina con varios programas informáticos y periféricos que posibilitan escribir estas líneas que, además, pueden terminar en negro sobre blanco gracias a cualquier otro prodigio de la creatividad humana, por no mencionar el prodigio de la creación humana que ha posibilitado leerlas.

Fuente: Asociación de Internautas

Piratería.- Las asociaciones de internautas critican su ausencia de los órganos de trabajo
Redacción -(Noticias) - 08/04/2005

MADRID, 8 (EUROPA PRESS) Las principales asociaciones españolas de usuarios de Internet acogieron hoy con escepticismo la aprobación por parte del Gobierno del plan de lucha contra la piratería y criticaron su ausencia en los órganos de trabajo designado. En el documento hecho público hoy por el Ministerio de Cultura se alude en varios momentos a la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, pero no se hace mención alguna al colectivo internauta.

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, dijo a Europa Press que plantear el tema de la sensibilización en torno a la piratería "está bien, pero patina por un lado". A su juicio, a pesar de que "es un problema social, no se ha consultado con los agentes sociales, los internautas, la industria, los consumidores, los sindicatos, etc.".

Por ese motivo consideró "una trampa" la creación de grupos de trabajo en los que no estará representado el colectivo internauta, aunque sí la Administración, las entidades de derechos de autor y la industria. "No vale hacer un planteamiento sobre Internet con gente que tiene intereses inconfesables sobre la Red", añadió Domingo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, consideró "positivo" que se distinga entre el 'top-manta' y los intercambios de archivos en la Red frente a la "criminalización" anterior, así como que trabajen conjuntamente las entidades de propiedad intelectual y el sector tecnológico.

Por contra, lamentó haber sido excluido de los grupos de trabajo, a pesar de haber remitido escritos a los ministerios de Cultura e Industria y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) para que el colectivo internauta fuera escuchado. "Cultura nos dijo que contaría con nosotros, en una carta del 15 de febrero, pero no nos han llamado nunca", se lamentó Pérez Subías.

Para el máximo responsable de la AUI, debe establecerse que "los contenidos sólo son responsabilidad del que los mueve, pero no de compañías, del que pone el soporte". En caso contrario apuntó que el sistema "sería imposible de llevar a cabo" y supondría "un paso atrás" en derechos como la defensa de la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.

Fuente: http://www.noticias.com

"Microsoft bloquea el desarrollo de nuevas fronteras de la expansión de la creatividad en el sector", el destacado académico español.
El catedrático español Manuel Castells, considerado uno de los principales expertos sobre la sociedad de la información, criticó a la empresa Microsoft por "bloquear el desarrollo" en el sector con sus derechos de propiedad intelectual.
"Microsoft bloquea el desarrollo de nuevas fronteras de la expansión de la creatividad en el sector", dijo Castells durante el seminario "La sociedad en red y la economía del conocimiento", organizada por el presidente portugués, Jorge Sampaio, y que se celebra en el Centro Cultural de Belén, en Lisboa.
Por el contrario, Castells alabó la opción adoptada por la empresa norteamericana de computadores IBM, en orden a colaborar con el Gobierno de Brasil para desarrollar un software libre, pues considera que la "llave del desarrollo es la creatividad".
Castells, quien es profesor de las universidades de Berkeley y Abierta de Cataluña, destacó que en la actualidad internet es un espacio más social que laboral o comercial, y que además "democratiza", pues los usuarios se guían por aquello que les es útil y no por las indicaciones de las grandes compañías o las instituciones públicas.
El académico indicó que con la sociedad de la información habrá un nuevo tipo de trabajador, pero que tiene que ser el sistema educativo el responsable de que se desarrolle este tipo de conocimientos en las personas, por que "si no se cambia la educación, nada cambiará".
Sampaio, en la apertura del seminario, cuestionó la eficacia de una concentración de "recursos en aprendizajes y programas de formación específicamente relacionados con las exigencias de la sociedad de la información", dados los bajos niveles de escolarización y el analfabetismo existentes en Portugal.
"Sabiendo que la disciplina financiera impuesta por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (para mantener el déficit público bajo el tres por ciento) no permite vislumbrar mejorías significativas en nuestro modelo de bienestar, ¿no estaremos ante obstáculos difíciles de superar?", se preguntó el jefe de Estado.
Por este motivo, Sampaio afirmó que está consciente de que en Portugal existe el riesgo de "marginalización asociada a la modernización tecnológica".
Durante su intervención, Castells también hizo referencia a la exclusión y afirmó que el acceso a las nuevas tecnologías de la información marca los países que forman el llamado "Tercer Mundo", y puso como ejemplo la "desconexión" a la sociedad de la información de algunos países africanos.
El experto aventuró que el tratamiento de la salud a través de internet será un área fundamental en el futuro y se convertirá en una "herramienta poderosa".
Sampaio y Castells intervendrán este domingo en la clausura del seminario, en la que el catedrático español resumirá junto al profesor portugués Gustavo Cardoso las conclusiones del encuentro, del que el presidente luso espera que se extraigan conclusiones para "acelerar la transición portuguesa hacia la sociedad de la información".
Fuente: Radio Cooperativa y Agencia EFE
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El pasado 18 de febrero, el ministro Montilla resolvió la creación de una ponencia sobre el Plan de Convergencia para que elabore un informe que recoja de forma ordenada y sistemática las aportaciones de los diferentes actores representados en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI). En la misma disposición, el ministro proponía presidente de la ponencia a Emilio Ontiveros Baeza, a cuyo efecto primero hubo de proponerlo como miembro.

El Plan de Convergencia responde a la preocupación del Gobierno por adoptar cuanto antes políticas y medidas que aceleren el grado de implantación de las nuevas tecnologías en España y que posibiliten acercarnos a los ratios de los países europeos. Además, el pasado 19 de febrero, el Pleno del Senado instó al Gobierno a elaborar un Plan de Convergencia con Europa que contemple acciones y actuaciones concretas, con objetivos mesurables, con indicadores de referencia para realizar dicha medida y con una memoria económica, previo diálogo y acuerdo con las Comunidades autónomas y los entes políticos, sociales, empresariales e institucionales implicados.

Para dar viabilidad a todo ello, el Consejo Permanente del CATSI, del que forma parte la Asociación de Internautas, ha sido convocado para el día 1 de marzo incluyendo un punto en el orden del día para informar sobre las propuestas de resoluciones del ministro, al que se acompaña una propuesta de designación de los miembros de la Ponencia; aparte del Presidente ya nombrado, se propone un representante de cada una de los siguientes vocalías presentes en el CATSI: Administraciones autónomica y local, Telefónica, Red.es, industrias de fabricación de equipos de telecomunicación, sindicatos y un representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.

De forma expresa, por tanto, el representante del actual Gobierno quiere excluir la representación de internautas y de consumidores de la ponencia que debe estudiar, curiosamente, las políticas y medidas para acelerar el grado de implantación de las nuevas tecnologías. A usuarios y consumidores se les quiere dar la espalda como en ocasiones anteriores: códigos de conducta elaborados sin la participación de los afectados, incesantes reuniones de la ministra de Cultura a espaldas de los consumidores y usuarios en reformas legislativas que afectan a todos los ciudadanos, planes de lucha contra la piratería…

La Asociación de Internautas confía en el resto de miembros del Consejo permanente del CATSI para que semejantes actitudes, que creíamos superadas en la vida política española, no prosperen y se queden en simples propuestas que reciban el rechazo unánime de los miembros del Consejo permanente del CATSI.

Asociación de Internautas
27-2-2005

La Edad Media fué muy dura, y ha tenido que llover mucho para que se avanzara en los derechos sociales e individuales. Y no es por echarnos flores, pero parece que hemos avanzado algo desde que la Inquisición campaba por estos lares. A fuerza de tortas, eso sí, pero de alguna manera se avanza...¿hacia donde?...ya veremos.

Por si no fuera poco el camino que nos hemos trabajado, hay quien se empeña en que debemos volver hacia tras, como los cangrejos. Volver a la represión, la vigilancia, el chivatazo, el control férreo de las iniciativas y del pensamiento. El Conocimiento puede volver a ser una sensación de peligro, de estar en la cuerda floja de la legalidad. Volver a los chistes inteligentes de la Codorniz, puede que tenga que ser la nueva realidad. Ya no te llevarán al potro, ni te torturarán las carnes para que declares ante el inquisidor de la $gae que tienes en tu poder un mp3 ilegal, pero el inquisidor estará y nos recordará cada día lo pecadores que somos para que él siga teniendo una misión que cumplir...la santa misión de la represión. La pescadilla que se muerde la cola. Terminaremos vomitando nuestros pecados.

Se me cierra el estómago de sólo pensarlo, ya es como si lo sintiera, el mecanismo férreo de un Gobierno títere bajo las consignas de un todopoderoso inquisidor, si cierro los ojos y me sitúo en la Edad Media...lo veo. El Estado, representado por el Poder Real, y el eterno hombrecillo de negro, soplando consignas en la oreja del Poder, siempre conspirando, denunciando, cambiando las leyes hacia mayor represión para cerrar un círculo perverso en el que cada vez escapan menos desgraciados a la picota de la denuncia y la demanda....¡El Estado contra L.J.P.!. ¡toc!.¡toc!.¡toc!...ya escucho cómo el juez aporrea la mesa para llamar la atención de los presentes. El fiscal, sí, el fiscal lo veo, es el Inquisidor de la "Orden de los Flautistas". Una Orden religiosa que ha acumulado Poder...concedido por el Estado. Poder para juzgar, sentenciar y ejecutar a todo el que se salte la Ley, la Ley que han "soplado" a la oreja del Estado. Con esta ley la Orden se está haciendo inmensamente rica. Es su objetivo, desde siempre han sido conscientes de su objetivo, para ello se han organizado. Ya nadie les toserá más. Incluso el Poder les tiene miedo. Han alcanzado más poder que el propio Poder.

Esta lucha sin sentido de la nueva Inquisición en favor de unos derechos de autor llevados al sumum de la irracionalidad, puede degenerar en la asfixia social. El interés general, ya no es general, es particularmente beneficioso para algunas sociedades privadas. Internet prometía, tenía un potencial realmente revolucionario, la nueva Inquisición se está encargando de aniquilarlo. La libertad para alcanzar el Conocimiento de forma generosa y Universal ya no será posible. El Poder le ha cogido miedo a Internet. Demasiada libertad, demasiada facilidad para que demasiada gente tenga alcance al Conocimiento. Ya no será posible. Volvemos a las barricadas. Vuelven otra vez los siglos de oscuridad, represión, pesimismo, y tristeza.

Tristes saludos.
tip
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